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El proyecto remitido a las Cortes revisa la actual normativa de 2011 para cumplir con los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso.

Las principales novedades son:

• Restricciones a los plásticos de un solo uso: se incluyen limitaciones a estos productos, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en la reducción de su comercialización.
• Prevención en la generación de residuos: inclusión de objetivos concretos y cuantificables respecto al peso de los residuos así como de despilfarro de alimentos y prohibiciones en la destrucción de excedentes no vendidos.
• Recogida separa y reciclado: establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización.
• Preferencia por el agua no envasada: en los establecimientos de hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita.
• Instrumentos económicos e incentivos: refuerzo del orden de prioridad en las opciones de gestión de los residuos: prevención, reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valorización energética) y, como última opción, la eliminación. Para ello se incorpora un impuesto al vertido y a la incineración, para “reducir al máximo” estos tratamientos y apostar así por la prevención.
• Responsabilidad ampliada del productor (RAP): el proyecto revisa la regulación acorde con la normativa comunitaria, explicando las obligaciones a imponer a los productores de producto: depósito, devolución y retorno, etc.
• Regulación de los suelos contaminados: se incluye el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por diferentes registros autonómicos.