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La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a finales del año 2017 trajo consigo un cambio en cuanto a los criterios de adjudicación y solvencia, persiguiendo aportar mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio.

Tradicionalmente, la experiencia profesional era considerada como una característica del licitador; por lo tanto, solo valorable como requisito de solvencia.

Pero a partir de esta ley y de diferentes resoluciones se resolvió que los certificados de calidad, medioambiental, accesibilidad, etc.; pueden ser criterios de adjudicación si están claramente vinculados con el objeto del contrato.

En este sentido, la LCSP incorpora en diferentes artículos menciones a la utilización de normas técnicas. Tanto es así, que en los últimos años se han desarrollado varias guías para el uso de estas normas en la contratación pública:

• Guía para el uso de las normas técnicas y la acreditación en la contratación pública.
• Guía práctica sobre uso certificaciones ambientales en compra y contratación pública.

Normas citadas en la legislación nacional e internacional

La importancia de estas normas es tan significativa que más del 20 % de las normas europeas se emplean para dar soporte a las políticas y legislaciones de las autoridades públicas y en nuestro país un 12% de las normas UNE están ya citadas en la legislación española, según indica el Informe Anual de la Asociación Española de Normalización (UNE).

Un ejemplo normativo que promueve las certificaciones, en este caso de carácter ambiental, es la Orden PCI/86/2019, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025).

En la cual, se indica que “se promoverá la contratación de bienes y servicios adheridos a un sistema de certificación ambiental, dando preferencia a Ecolabel y, en caso de no disponer de dicho distintivo para ese bien o servicio en particular, optando primero por una certificación ISO y, en último término, por una declaración ambiental de producto.

Se promoverá la contratación de aquellas empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria, conocido como EMAS.”

Necesidad de certificados para licitaciones públicas

En un mercado español en el que cada vez más organizaciones apuestan por conseguir certificaciones como sello de garantía, se ha convertido en habitual que en los pliegos de licitaciones del sector público se exijan estas certificaciones.

Gracias a esto, las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una buena posición para ganar licitaciones públicas. La tendencia predominante en la actualidad, de romper grandes contratos en varios de menor cuantía, hace que puedan participar más pymes, disminuyendo el riesgo en la contratación.

Sin duda, disponer de certificados de calidad (ISO 9001), de gestión ambiental (ISO 14001 y EMAS) u otros, es fundamental cuando los potenciales clientes sean las administraciones públicas u organizaciones que dependan de las mismas.

Certificados más solicitados en licitaciones públicas

En las licitaciones públicas suelen exigirse o valorarse las siguientes normas certificables:

• Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 o similares.
• Gestión Medioambiental: ISO 14001:2015, Reglamento EMAS o similares.
• Gestión de Seguridad y Salud Laboral: ISO 45001:2018 o similares
• Gestión de Responsabilidad Social Corporativa: SA8000, SR10 o similares